Los californianos están pagando un alto precio, no solo en los tribunales, sino también en la caja registradora, debido a un sistema de justicia civil roto que... permite el abuso sistémico de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Las pequeñas empresas, la columna vertebral de nuestros vecindarios, se ven acosadas por oleadas de demandas, a menudo presentadas por infracciones técnicas menores. El Proyecto de Ley del Senado 84 (SB 84) ofrece una reforma pragmática y humana que preserva la accesibilidad y a la vez frena la explotación legal. Merece el pleno apoyo de nuestros legisladores.
Las leyes ADA existen para garantizar el acceso justo a las personas con discapacidades, y deben aplicarse. Pero la realidad en California Se ha desviado de ese noble propósito. En la práctica, nuestro sistema actual permite que un puñado de demandantes recurrentes y bufetes de abogados agresivos presenten cientos de demandas contra pequeñas empresas por infracciones menores, como un letrero de baño colocado una pulgada más alto o una plaza de aparcamiento ligeramente inclinada.
¿Por qué? Porque nuestro sistema permite ganancias inesperadas a través de indemnizaciones por daños y perjuicios (4,000 dólares por infracción), más honorarios de abogados. Muchos Los propietarios de pequeñas empresas se establecen, no porque sean culpables, sino porque defenderse costaría más de 50,000 dólares en honorarios legales.
Las cifras muestran lo extendido y dañino que se ha vuelto este problema. California Representó casi el 30% de todas las demandas federales relacionadas con la ADA en 2023, y recuperó el primer puesto en 2024. Tres regiones metropolitanas —San Francisco, Los Ángeles y Riverside— reportaron en conjunto más de 2,100 demandas en un solo año. Y eso es solo el comienzo.
Más allá de las empresas individuales, este abuso de demandas está afectando a la economía de todo el estado. El costo está integrado en todo, desde el café con leche de la mañana hasta el alquiler mensual. Los californianos pagan ahora el tercer impuesto por agravios más alto del país: casi 2,300 dólares por persona al año. En San Francisco, esa cifra asciende a la asombrosa cifra de 3,546 dólares. Y más de 825,000 84 empleos se pierden cada año debido a los excesivos costos de los agravios. Esto no es pura teoría judicial, sino personas reales que no pueden encontrar trabajo, mantener a sus familias ni expandir sus negocios. Si los legisladores promulgaran reformas sensatas como la SB 89.7, la economía de California podría crecer en XNUMX XNUMX millones de dólares, según datos de impacto económico.
La SB 84 busca frenar este abuso sin comprometer la accesibilidad. Introduce un periodo de "notificación y subsanación" para las pequeñas empresas (aquellas con 50 empleados o menos). Si se detecta una presunta infracción de accesibilidad, la empresa tiene 120 días para subsanarla antes de que se pueda iniciar una demanda. Si la infracción se resuelve en ese plazo, la empresa queda protegida de daños y perjuicios legales y honorarios de abogados. Este enfoque prioriza la acción legal sobre el litigio. Garantiza que se implementen mejoras reales en la accesibilidad, en lugar de incentivar acuerdos que benefician a unos pocos sin hacer nada por las personas con discapacidad.
Los críticos podrían argumentar que la SB 84 retrasa la justicia. Pero eso no es cierto. El proyecto de ley no elimina el derecho a demandar, simplemente otorga un período de gracia para cumplir. Garantiza que el enfoque se centre en mejorar la accesibilidad, no en castigar a los empresarios bienintencionados que quizá ni siquiera sean conscientes de que están incumpliendo la normativa.
Mientras tanto, la influencia del colegio de abogados no hace más que crecer. Entre enero de 2023 y junio de 2024, los abogados litigantes gastaron 353 millones de dólares en 3.5 millones de anuncios en todo el estado promocionando demandas. Desde 2017, los 20 principales bufetes de demandantes han donado más de 15.5 millones de dólares a campañas políticas. No se trata de defensores del interés público: gestionan un modelo de negocio rentable a costa de nuestras pequeñas empresas.
La SB 84 restablece el equilibrio del sistema. Protege la derechos de la comunidad con discapacidad Al mismo tiempo que salvaguardamos el futuro económico de nuestras ciudades y pueblos, los californianos merecemos un sistema de justicia que defienda la equidad, no uno manipulado para obtener ganancias.
Como exconcejal de San José, sigo recibiendo comentarios de muchas pequeñas empresas sobre diversos problemas que enfrentan. Estas demandas frívolas siguen siendo las más comunes. Seamos claros: la accesibilidad no es opcional. Pero tampoco lo es la supervivencia económica. La SB 84 nos brinda las herramientas para garantizar que tanto nosotros como nuestros negocios locales de San José lo merezcamos.
Johnny Khamis es un ex concejal de San José.
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